Ante la proliferación de nuevas aplicaciones digitales y páginas de internet promovidas desde el sector público (estatal, autonómico, local e institucional) con canales de información, comunicación e interacción que ha desencadenado la actual crisis de salud pública, es necesario insistir que estas han de ser universalmente accesibles, para no dejar a nadie, por razón de discapacidad o de edad avanzada, al margen o excluido de estos recursos, que constituyen un elemento esencial en la gestión de la crisis. 

 

Todas las administraciones públicas y demás organismos, entidades y operadores encuadrados en el sector público que promuevan aplicaciones móviles y páginas de internet como medio de actuación en la pandemia, tienen el deber normativo de hacerlas accesibles, para que realmente sean un servicio a toda la comunidad, sin exclusiones.

 

Dejar a una parte de la población fuera de estos canales por ausencia de accesibilidad es, en cualquier momento, pero más en esta crisis de salud pública, una conducta absolutamente reprochable que atenta contra derechos como el de la vida, la integridad y el mejor nivel posible de salud.